ASFAVIDE

Introducción a la Victimología

Introducción a la Victimología

La vida no es la vida que vivimos,
la vida es el honor, es el recuerdo.
Por eso hay hombres que en el Mundo viven,
y hombres que viven en el Mundo muertos

Antonio Muñoz Freijoo. Poeta colombiano.[1]

El acto delictivo

La violencia ha sido una de las conductas más recurrentes en el ser humano. La ambición por el poder, la venganza personal o el querer hacerse de bienes ajenos han hecho que varios individuos tengan que recurrir a algún tipo de conducta violenta para obtenerlos, siendo mal vistos y hasta castigados por el resto de la sociedad. Conforme las comunidades fueron creciendo, el número de faltas presentadas fue aumentando de la misma manera, causando alarma entre amplios sectores de la población y en especial en los órganos de gobierno. Para intentar controlarlas, varias personas se preocuparon por entender de alguna forma este fenómeno creciente y buscaron tácticas por medio de las cuales se evitarán este tipo de conductas, descritas como delitos; y es de allí que surgieron las ciencias penales.

El delito es una conducta que realiza una o varias personas, pero dicha conducta debe ser relevante para el derecho penal, ya que no cualquier conducta es considerada como delito sino únicamente aquellas que causen un daño o pongan en peligro lo protegido por el derecho penal. Es un fenómeno psicológico, social, político y jurídico, donde interactúan dos partes: criminal y víctima. A pesar de esto la mayor parte de la atención puesta de parte de las autoridades ha sido para el criminal, dejando en segundo término a la víctima y sus circunstancias. La víctima es vista como el sujeto pasivo dentro de la acción criminal, únicamente como aquel individuo donde recae la acción delictiva del malhechor.

Para obtener un mejor entendimiento de los hechos delictivos, los cuales eran cada vez más frecuentes, y darle un estudio científico a todo este acontecer, es que se creó la criminología. La criminología es una ciencia sintética y empírica dedicada al estudio triple del delincuente y del delito bajo los aspectos antropológico-biológico, psicológico y sociológico y cuyo método utilizado es el de la observación y experimentación, empleado en el marco de una verdadera clínica social. Esta ciencia busca la disminución de la criminalidad y propone el estudio completo del criminal y del crimen, considerando este último no como una abstracción jurídica, sino como una acción humana, como un hecho natural y social. [2]

Victimología

El trato que se le ha dado a la víctima del delito ha sido muy fluctuante a través de la historia humana. Desde tener un lugar como juez y parte en la ley del Talión del código de Hammurabi, siendo vista como a alguien a quien se le debe de proteger y reparar el daño, marcado por el derecho romano hasta pasar a ser un mero espectador y objeto para que se pudiera aplicar la ley, tanto secular como religiosa.

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, buscando evitar que eventos como los ocurridos en ese acontecimiento se repitieran, es que se empezó a poner mayormente sobre la mesa el tema de los derechos humanos, y con ello se comenzó a brindar mayor atención a las poblaciones que revisten algún tipo de vulnerabilidad.

A partir de 1946 se comienza a hablar de la víctima del delito; de la necesidad de conocer la relación entre el delincuente y la víctima y a plantear que cada víctima cumple un rol distinto dentro del acto delictivo. En esta primera etapa surgen los valiosos trabajos de Mendelsohn (1946), Von Heting (1948) y Ellenberger (1954).           

La victimología es definida como la disciplina que tiene por objeto el estudio de la víctima de un delito, de su personalidad, de sus características biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, de sus relaciones con el delincuente y del papel que ha desarrollado en la génesis del delito. la victimología ha alcanzado su madurez como disciplina científica, ocupándose fundamentalmente de las indemnizaciones a las víctimas, de los programas de ayuda y tratamiento a las mismas, de la intervención de la víctima en el hecho criminal, de la protección de las víctimas testigo y de la predisposición de la víctima para poder o no evitar el crimen. La victimología no tiene sólo una finalidad humanitaria como lo sería la implantación de sistemas de compensación y ayuda a las víctimas, sino que tiene además que desarrollar, a través del estudio en profundidad de esta, un conjunto de reglas generales y de principios comunes que contribuyan al progreso y evolución de las ciencias criminológicas y jurídicas, facilitando la comprensión del fenómeno criminal, para de tal manera poder reducirlo.

La víctima del delito

Para comprender más a fondo el entorno de la víctima podríamos comenzar dándole el lugar que merece dentro de todo acto delictivo. No sólo como el sujeto pasivo de éste, sino como un sujeto que participa como la parte afectada por un hecho ilegal; lo cual genera en él un sufrimiento de tipo físico y psicológico; que de igual forma puede ser expandido hacia su familia y hacia las personas que lo rodean; y que también le espera un largo andar dentro del sistema judicial como coadyuvante de las investigaciones  y que con  su denuncia está dando pie a que las autoridades entren en acción en su tarea de la procuración y administración de justicia. De esta manera se debe entender que dentro de la procuración y administración de justicia se debe incluir a la víctima como el motor de acción y por lo tanto se le debe tratar con respeto y con el firme propósito de remediar en buena medida su sufrimiento.

Para iniciar el entendimiento de la víctima primero habrá que ver a que hace referencia ese término. El término víctima proviene de la lengua latina vincicre y originalmente era adjudicado a la persona o animal que era sacrificado o que era destinada al sacrificio; o también se cree que proviene del vocablo vincere¸ que representa al sujeto vencido en combate.  Aunque  el  origen  de  la  palabra  víctima  fue  religioso  pero  su  sentido  ha ido evolucionando a la par de la humanidad hasta llegar a entender a éste como al sujeto pasivo del delito.[3]

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia Hacia las Víctimas del Delito y Abuso de Poder entiende por víctimas a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, perdida financiera o  menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en un país determinado, incluyendo el abuso de poder. [4]

Por lo tanto, se debe comprender a la víctima como un ente biopsicosocial, y consecuentemente debe de ser estudiado de una forma multidisciplinaria con el fin de que     el tratamiento que le sea dado abarque todos los campos en los que fue afectado por el   delito. Y también es de suma importancia tener en cuenta que la víctima, a través de su denuncia, es la que da inicio a todo el proceso legal, por lo que se le debe ver como el principal colaborador para la impartición de justicia y por esta razón se le debe informar de que manera va a actuar la justicia, así como también de los avances que tiene el proceso judicial.

En la expresión víctima se incluye, además, en su caso, a los familiares o dependientes inmediatos del afectado directo y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

A pesar de que ya el acontecimiento perjudicial pasó, los pesares de la víctima no terminan cuando se acude a denunciar el delito. También dentro de las organizaciones encargadas de la impartición de justicia ocurren casos en donde la persona que se presenta a declarar es sobrevictimizada por los que se supone son los encargados de procurar su bienestar. Consecuentemente se suele hablar de distintos grados de victimización dependiendo de las circunstancias por las cuales es sujeto sufre una agresión a sus derechos.

De tal manera tenemos a la victimización primaria, que es la derivada de haber padecido un delito, cuando este va acompañado de violencia o experiencia personal con el autor. Suele    ir acompañado de efectos que se mantienen en el tiempo y que pueden ser físicos, psíquicos, económicos o de rechazo social. La víctima de un delito no sólo ha de enfrentarse con los perjuicios derivados de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido que conlleva el delito, sino que, en muchos casos, acompañando a éste, se produce una serie de efectos que inciden en la gravedad material del daño o perjuicio producido.

Por victimización secundaria se entiende el sufrimiento que, a las víctimas, a los testigos y mayormente a los sujetos pasivos de un delito les es provocado por las instituciones encargadas de hacer justicia, directa o indirectamente, como es el ejemplo de policías, jueces, peritos, criminólogos, funcionarios de instituciones penitenciarias, entre otras.  Quien padece un delito, al entrar en el aparato judicial, en vez de encontrar la respuesta adecua a sus necesidades y derechos, recibe una serie de posteriores e indebidos sufrimientos, incomprensiones y otras afectaciones más, en las diversas etapas por las que transcurre el proceso penal: desde la policial hasta la penitenciaria, pasando por la judicial sin olvidar la pericial. [5]

Por último, se encuentra la victimización terciaria, que surge como resultado de las vivencias y procesos de adscripción y etiquetamiento, como consecuencia o valor añadido de las victimizaciones primarias y secundarias precedentes. Por ejemplo, cuando alguien es consciente de su victimización primaria y secundaria, adquiere un nuevo rol social con el cual pretende vengarse en cierta forma de todos los perjuicios y daños sufridos. [6]

Normativa Internacional y nacional a favor de la víctima

Después de que el tema de la víctima fue puesto sobre la mesa, el siguiente paso es establecer la normativa para su atención. Fue así que durante el VI congreso de Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en Caracas en 1980, se discutió por primera vez el tema de la víctima a partir del abuso de poder económico y político en relación con ellas. Sin embargo, el tema no se concluyó y por esa razón se dejó a cargo de expertos continuar las investigaciones y formular las directrices y las normas correspondientes para que fueran presentadas en el siguiente congreso a celebrarse en Milán, Italia en 1985.

Los resultados de estas investigaciones se presentaron en el congreso de Milán, dando como resultado la redacción de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder. El texto de esta declaración fue aprobado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 29 de noviembre de 1985.[7]

La declaración dispone que las víctimas serán tratadas con compasión y respeto a su dignidad y tendrán acceso a los mecanismos de justicia y a una pronta reparación del daño, de acuerdo a lo dispuesto por la legislación nacional. Consigna también que se debe prestar asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial y que se han de adoptar las medidas para indemnizar las molestias causadas a las personas perjudicadas por el delito, proteger su intimidad y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de testigos a su favor contra todo acto de intimidación y represalia.

También estipula que se le debe informar a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante los procesos adecuados y expeditos; así como también se le debe informar en todo momento el orden que lleva el proceso judicial en el que se ha visto envuelta.

En lo que respecta al resarcimiento del daño, la declaración subraya la obligación que tienen los delincuentes, o los terceros responsables en la conducta de aquellos, en resarcir equitativamente a las víctimas, a sus familiares o a las personas a su cargo. El resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos surgidos como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restauración de derechos. En el mismo ámbito del resarcimiento, prescribe que cuando funcionarios públicos y otros agentes, a título oficial violen la legislación penal nacional, las víctimas serán resarcidas por el Estado.

Respecto a la asistencia que deben recibir las víctimas, se menciona específicamente la prestación de servicios médicos y psicológicos de emergencia, así como el acceso al servicio social.

El documento completo consta de veintiún principios: diecisiete abordan lo referente a las víctimas del delito y cuatro a las víctimas del abuso de poder. La Declaración constituye un marco jurídico que ha de servir como base para la elaboración de leyes correspondientes a favor de las víctimas del delito dentro de los Estados miembros de la organización.

El eco generado por esta declaración a nivel mundial trajo como consecuencia que en una gran parte de los países miembros de la ONU pusieran cuanto antes manos a la obra para implementar aquellos mecanismos que consideraran necesarios para poder brindarle a las víctimas del delito un apoyo adecuado, teniendo como fin la recuperación del daño causado.

Esta repercusión ha llegado a América Latina, haciendo que todos los países de la zona hayan generado la legislación adecuada para proteger a las víctimas. La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), reunida en Lima el 1 y 2 de diciembre de 2005, acordó a través de su Comisión Técnica el diseño de un Plan de Trabajo para el período 2006 a 2010, en el que se definió como tema propuesto para el año 2007 “La protección de víctimas y testigos”. De conformidad con esta decisión se realizó en Madrid del 24 al 25 de octubre de 2007, tras la XV Asamblea de la Asociación, un Seminario denominado “Protección de víctimas y testigos. El papel del Ministerio Fiscal”, organizado por la Asociación, el Ministerio Público de España y la Fiscalía Nacional de Chile, con la co-organización de Eurosocial y la participación de ONUDD, evento en el que participaron fiscales procedentes de distintos países Iberoamericanos. Este trabajo supone cooperar en un objetivo común a través de un lenguaje compartido, aun cuando se parta de realidades bien diversas y de opciones legislativas y organizativas distintas fundadas en la soberanía de los diferentes Estados para conformar sus sistemas jurídicos y sus organizaciones de servicio al ciudadano. [8]

Conjuntamente durante la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, que tuvo lugar en Brasilia durante los días 4 a 6 de marzo de 2008 fueron aprobadas las Reglas de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. Tienen por objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial. Asimismo, se recomienda la elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad en todos los estados iberoamericanos firmantes, donde está incluida también la República Oriental del Uruguay, ratificadas en la Acordada 7647 del 11 de marzo del 2009. [9]

En el Uruguay, a partir del retorno a la democracia a mediados de la década de los 80´s, que se volvió a prestar atención en las victimas, fundamentalmente en aquellas que fueron objeto de algún delito de especial relevancia pública, como lo es el terrorismo de estado (ley 18.596), violencia hacia las mujeres basada en género (ley 19.580), delincuencia organizada y transnacional (ley 17.861), violencia sexual y explotación comercial (ley 17.823), erradicación de la violencia domestica (Ley 17514), trata de personas (ley 18250), entre otras.[10]

Los movimientos de la sociedad civil, aunado a los cambios en las políticas internacionales en torno a las víctimas del delito, han logrado que las autoridades cambien la visión sobre estas. De especial relevancia se pueden subrayar la ley 19.039, (Ley de pensión a las víctimas de delitos violentos) del 7 de enero del 2013, impulsada por ASFAVIDE, resaltando en la sociedad en general la importancia de atender y entender a estas personas que atravesaron un momento complejo y complicado. Además, desde el año 2008, en la órbita del Ministerio del Interior funciona el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia y Delito (CAVID).

Es de especial atención, haciendo una revisión de la Constitución de la Republica, no exista ningún artículo o incluso mención alguna a las víctimas del delito. En la ley 15.032 del 18 de octubre de 1980 (Código del proceso Penal “antiguo”), se hace referencia a la víctima del delito principalmente en el libro 1, título IV, Capitulo IV nombrado “Del damnificado y del responsable civil”. En dicha mención se puede inferir que el damnificado por el acto delictivo, únicamente debe cumplir la tarea de hacer llegar a las autoridades la presencia de un delito para que estas se hagan cargo de investigarlo y perseguirlo, pasando su protección a un segundo plano.

Con la puesta en marcha del Nuevo Código del Proceso Penal, en noviembre del año 2017, la víctima está teniendo un rol importante en el proceso de administración de justicia. En primer lugar se nota su reconocimiento como tal, dotando al ministerio público de potestades necesarias para su protección y atención integral, proporcionando una participación activa y protagónica dentro del proceso; poniendo en marcha todos los mecanismo a su mano.[11] Basado en estas políticas nuevas, en noviembre del 2017, la Fiscalía General de la Nación creo la Unidad de Víctimas y Testigos, referente en cuanto a la aplicación de políticas referentes a la atención a la víctimas y testigos de la delincuencia. [12]

En abril del 2018, se instaló el “Gabinete Coordinador de Políticas destinadas a las víctimas y testigos del delito”. Este gabinete está integrado por representantes de cinco ministerios (Ministerio del Interior, MIDES, MTSS, MVOTMA y MSP) y la coordinación de Fiscalía. Además se invitará a participar a la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría Pública del Poder Judicial, el BPS, el INAU y representación de la sociedad civil por parte de ASFAVIDE. Este tiene la finalidad de coordinar políticas en base a los programas, servicios e instituciones ya existentes y articular con instituciones involucradas a la protección a víctimas; todo esto como un lineamiento más dentro del nuevo Código del Proceso Penal donde se le proporciona y da un reconocimiento diferente a la víctima del delito.

Atención integral de la víctima

Cuando se entiende el concepto de víctima en su totalidad, es posible encontrar la forma para poder apoyarla de mejor manera, ya siendo desde la comprensión empática de su sufrimiento hasta el proponer técnicas para tratar de componer todos aquellos daños provocados en ésta por el ilícito, ya sean físicos, psicológicos, sociales, financieros o de cualquier otra naturaleza.

Puesto que la víctima en varias ocasiones prefiere mejor reprimir todo aquello relacionado con el acto aberrante sufrido, o también puede existir un menosprecio acerca del daño real que se sufrió creyendo que aquello que le pasa es pasajero y que poco a poco se ira desvaneciendo. Para evitar que existan estos tipos de conductas es importante informar a la víctima y a quienes lo rodean sobre los diversos trastornos psicológicos que se podrían llegar a presentar, así como todas las consecuencias que se acarrearían en el caso de no atenderlos de manera adecuada.

Las personas que sufren experiencias traumáticas con frecuencia descubren que sufren síntomas y problemas posteriores. Qué tan serios sean los problemas y los síntomas dependerá de muchos factores, incluyendo las experiencias previas de la persona en su vida, su habilidad para manejar el estrés, que tan grave haya sido el trauma[13] y con qué tipo    de ayudas y de apoyos cuenta la persona a través de su familia, amigos y profesionales inmediatamente después del trauma. [14]

Incluso cuando el delito no es muy grave, la víctima se ve en algunos casos afectada gravemente en el plano emocional. Son muchos y muy diversos los trastornos que pueden surgir en todas aquellas personas que se han visto perjudicadas por un hecho ilícito.

Los sentimientos de vulnerabilidad, la desconfianza hacia los demás y el miedo a repetir la situación aversiva son solo algunos de los síntomas de carácter psicológico presentadas en este tipo de persona.

Por este motivo es necesario conocer a fondo los principales trastornos psicológicos que pueden llegar a presentar las víctimas del delito, con el fin de poder brindarles una atención adecuada, dependiendo del daño que fue causado en ésta. Dentro de estos se encuentran desde afecciones muy comúnmente presentadas como el estrés, el miedo, el pánico, la depresión o la ansiedad hasta trastornos más complejos como el trastorno de estrés postraumático.

Otro de los aspectos de la vida del individuo que sufre más consecuencias de gravedad es el plano social. El delito no solo afecta a quien lo padeció directamente, sino que también afecta a quienes lo rodean. Por lo general es con las personas más cercanas con quienes la víctima recurre inmediatamente después de haber sufrido el crimen para buscar su apoyo y comprensión Sin embargo el fenómeno victimológico no se queda únicamente dentro del círculo de personas allegadas a la víctima, sino que es algo que afecta a la sociedad en general. Esta tiene una reacción de indiferencia hacia la víctima y de miedo hacia el acto sufrido. La víctima representa la vulnerabilidad del Estado para brindar una correcta seguridad; y también la figura de que cada integrante de la sociedad puede también verse afectado por un acto delictivo. Por ésta causa en muchas ocasiones la víctima es menoscabada, siendo blanco de los sentimientos de misericordia y compasión por parte de la sociedad, olvidándose en ese momento su necesidad de una atención integral que incluya todas las esferas de su persona con el fin de poder superar en todos los aspectos el trauma sufrido.

Por este motivo es necesario entender a la víctima como un ser biopsicosocial, la cual fue afectada tanto en su aspecto físico, en sus emociones, en sus derechos y en su posición como parte integrante de una sociedad. Aunque en un principio no existan indicios de daño en alguna de estas facetas, hay que tomar en cuenta la interrelación que existe entre ellas.  Así, por ejemplo, el sufrimiento emocional y los consecuentes traumas de una persona víctima del delito pueden, a su vez, ser causa o consecuencia de problemas en sus relaciones sociales.

La víctima quiere, como persona, ser tomada en serio, y sobre todo de una manera humana, ser el sujeto de un enfoque y un tratamiento de apoyo. Un papel muy importante a tomar en cuenta por quienes prestan los servicios sociales es que deberán atender las preguntas y deseos de las víctimas en relación con el entorno familiar social y laboral.  Esta necesidad hizo que las primeras expresiones del movimiento victimológico fueran la creación de un conjunto de programas de asistencia a los problemas sociales y de compensación a las víctimas. Entre los programas de apoyo y compensación estarían: los encaminados a  resolver los tratamientos médicos y de hospitalización en caso de que sean requeridos por la víctima, resolver la baja en la actividad laboral de la víctima, ya sea por la necesidad de su comparecencia ante los encargados de la impartición de justicia o por las heridas ya sean físicas o emocionales causadas por el ilícito, que lo puede llevar a perder su puesto de  trabajo o tener que aceptar otro menos remunerado, en caso de que la víctima haya fallecido buscar programas de apoyo para todos aquellos familiares y dependientes de la víctima, una restitución inmediata y completa de los bienes materiales deteriorados o sustraídos.[15]

Los efectos negativos en el entorno social de la víctima pueden ser desencadenados por problemas en otros aspectos de su vida como el físico o psicológico, por lo cual se debe poner atención en el desarrollo que llevan estos para evitar en medida de lo posible la propagación hacia las otras esferas del individuo. Dentro de las principales consecuencias de condición social se encuentran el aislamiento social, los problemas intrafamiliares y financieros.             


[1] Fragmento del poema “No son los muertos”. Tomado de https://www.lacoladerata.co/cultura/con-la-vela-encendida/

[2]  Rodríguez, L. (2002). Criminología. México:  Porrúa

[3] Ramírez, R. (1983) Victimología.  Estudio de la víctima del delito, su función en la prevención y el control de la criminalidad.  Bogotá: Temis.

[4] Organización de las Naciones Unidad (1985) Declaración sobre los principios de justicia para las víctimas del        delito    y          abuso   de        poder. En: https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_es_part_03_02.pdf

[5] De la Cuesta, P. (1994) Victimología Femenina: asignaturas pendientes para una nueva ciencia. Cádiz: Universidad de Cádiz.

[6] Beristain, A. (1999) Nuevas soluciones victimológicas. México D.F.: Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales

[7] Organización de Naciones Unidas (1985) Ídem.

[8] Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos (2008) Tomado de: http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5071/GUIADESANTIAGO.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[9] Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad (2009) Tomado de:http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037

[10] Todas estas leyes se pueden consultar por su número en www.impo.com.uy

[11] Código del Proceso Penal (2017) Capítulos referentes a las atribuciones del Ministerio Público y de la Víctima.

[12] Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación. En http://www.fiscalia.gub.uy/innovaportal/v/3482/1/innova.front/unidad-de-victimas-y-testigos.html

[13] Trauma entendido como un evento que amenaza profundamente el bienestar o la vida de un individuo, como a la consecuencia de ese evento en el aparato, estructura mental o vida emocional del mismo

[14] Domínguez, B, et als. (2003) Estrés traumático y la atención psicológica a las víctimas del delito. En CNDH (Ed.) Memorias de las Primeras y Segundas Jornadas Nacionales sobre Víctimas del Delito y Derechos Humanos. (311-346) México, D.F.: Autor.

[15] Urra, J. (2002). Tratado de psicología forense. Madrid; Siglo XXI

Lic. en Psic. Isaías Valencia

Departamento de Psicología ASFAVIDE